El renacer nuclear de Trump: Riesgos y promesas de una apuesta energética por 17.500 millones de dólares
Análisis por
Marco L. García
Especialista en geopolítica tecnológica y vigilancia masiva.
El Hecho
El 15 de octubre de 2023, el expresidente Donald Trump anunció un plan de préstamos federales por valor de 17.500 millones de dólares destinados a la construcción de 10 nuevos reactores nucleares en Estados Unidos. La iniciativa, canalizada a través del Departamento de Energía (DOE), tiene como objetivo principal abastecer la creciente demanda energética de los centros de datos, que consumen aproximadamente el 2% de la electricidad global y se espera que dupliquen su consumo para 2030, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Los fondos provendrían del Programa de Préstamos para Energía Limpia (Title 17), actualmente gestionado por la Oficina de Préstamos Programáticos del DOE. Las plantas propuestas integrarían reactores de agua ligera avanzados (Gen III+) y reactores modulares pequeños (SMR), con una capacidad combinada estimada de 12 a 15 GW. El anuncio se produce en un contexto donde la energía nuclear experimenta un renovado interés global, impulsado por la necesidad de descarbonizar la red eléctrica y la demanda energética de las tecnologías digitales.
Las Claves Técnicas
Los reactores propuestos incluyen tecnologías de Generación III+, como el AP1000 de Westinghouse, que ya opera en la planta de Vogtle (Georgia) con un coste final de 30.000 millones de dólares, y los reactores modulares pequeños (SMR) como el NuScale Power Module, que genera 77 MW por módulo. La diferencia crucial radica en la escala y el diseño: los AP1000 ofrecen una capacidad de 1.117 MW y utilizan sistemas de seguridad pasivos que no requieren intervención humana durante 72 horas en caso de emergencia, mientras que los SMR apuestan por la fabricación en serie en fábrica para reducir costes y plazos de construcción. Sin embargo, la tecnología nuclear enfrenta desafíos técnicos persistentes: la gestión de residuos de alta actividad sigue sin una solución definitiva en Estados Unidos, con 80.000 toneladas métricas almacenadas en sitios temporales. Además, los costes de construcción nuclear han mostrado una tendencia creciente desde 2010, con un incremento del 30% en el coste nivelado de la electricidad (LCOE) según la AIE, comparado con la eólica y solar. La propuesta de Trump también contempla el uso de uranio de bajo enriquecimiento (LEU) y, en algunos diseños, de uranio de alto ensayo (HALEU), un combustible con menor disponibilidad comercial que requeriría nuevas instalaciones de enriquecimiento.
Auditoría Ética
La decisión plantea dilemas éticos y sociales de amplio espectro. En primer lugar, el uso de fondos públicos para préstamos masivos a empresas privadas (como Westinghouse, NuScale y Dominion Energy) transfiere el riesgo financiero al contribuyente, mientras que los beneficios potenciales (estabilización de la red y reducción de emisiones) se concentran en el sector corporativo de centros de datos, dominado por grandes tecnológicas como Amazon, Google y Microsoft. Según un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) de 2022, los 25 proyectos nucleares financiados por Title 17 en la última década registraron sobrecostes medios del 50% y retrasos de 5 años. En segundo lugar, el impacto social de la construcción de nuevos reactores en comunidades locales afecta a derechos de propiedad, empleo y salud pública: la NRC (Comisión Reguladora Nuclear) ha identificado que un accidente severo en un reactor de 1 GW podría causar hasta 100.000 evacuaciones y daños económicos de 1.000 millones de dólares. Finalmente, la dependencia tecnológica de Estados Unidos de proveedores extranjeros para el combustible (Canadá, Australia, Kazajistán) y para componentes críticos (Japón, Corea del Sur) introduce vulnerabilidades geopolíticas en un contexto de tensiones con China, que controla el 70% de la capacidad mundial de enriquecimiento de uranio. La auditoría ética exigiría un análisis de impacto distributivo y una consulta pública sobre la aceptabilidad de estos riesgos, que por ahora permanecen opacos en la propuesta.
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