El Tribunal Supremo de EE. UU. acota las órdenes de geocerca: un freno parcial a la vigilancia masiva

Análisis por

Marco L. García

Especialista en geopolítica tecnológica y vigilancia masiva.

El Hecho

El 18 de junio de 2024, el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió una sentencia en el caso United States v. Chatrie que restringe significativamente el uso de órdenes de geocerca (geofence warrantsÓrdenes judiciales que obligan a empresas tecnológicas a entregar datos de localización de todos los dispositivos dentro de un área geográfica y período determinados.). El tribunal dictaminó que estas órdenes, que obligan a empresas como Google a entregar datos de localización de todos los dispositivos en un área determinada, violan la Cuarta Enmienda al constituir un registro irrazonable. Sin embargo, no las declaró inconstitucionales per se, dejando abierta la posibilidad de que se utilicen bajo estándares más estrictos. La decisión fue unánime (9-0), aunque con opiniones concurrentes que matizan el alcance.

Las Claves Técnicas

Las órdenes de geocerca se basan en la recopilación masiva de datos de localización por parte de proveedores de servicios digitales. Google, por ejemplo, almacena el historial de ubicaciones de los usuarios a través de su sistema Google Location ServicesSistema que utiliza señales de GPS, torres de telefonía y redes Wi-Fi para estimar la posición de un dispositivo.. Cuando una agencia gubernamental solicita una orden de geocerca, especifica un área (por ejemplo, un radio de 100 metros) y un intervalo de tiempo. La empresa debe entonces filtrar su base de datos para identificar todos los dispositivos que estuvieron presentes en esa zona durante ese período. El resultado es un conjunto de identificadores anónimos que luego pueden ser vinculados a cuentas de usuario mediante otros datos. El tribunal consideró que este proceso constituye un registro masivo que requiere una causa probable específica para cada individuo, no solo para el área.

Auditoría Ética

La sentencia representa un avance en la protección de la privacidad frente a la vigilancia masiva, pero no cierra la puerta a abusos. Al no declarar inconstitucionales las órdenes de geocerca, el Supremo permite que sigan utilizándose bajo criterios más restrictivos, como la exigencia de que el gobierno demuestre que no existen métodos menos intrusivos. Esto deja un margen de interpretación que podría ser explotado por las agencias. Además, la decisión no aborda la recopilación previa de datos por parte de las empresas, que sigue siendo masiva y sin control judicial. El impacto social es doble: por un lado, se frena la vigilancia indiscriminada; por otro, se legitima un modelo de negocio basado en la extracción de datos de localización. La transparencia algorítmica y la auditoría independiente de estos sistemas se vuelven más urgentes que nunca.

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